IU elevará una moción al pleno de marzo para que se proceda a la cesión de las viviendas de la SAREB para crear un parque de alquiler social. En concreto, se solicita que se inste al Gobierno a la modificación del objeto social de SAREB para convertir a esta sociedad en una herramienta pública para garantizar el derecho a la vivienda con duración indefinida. Para ello la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria deberá depender del ministerio que tenga las competencias a nivel estatal en materia de vivienda.
Por otro lado, según ha informado la concejal de IU, Elena Ramírez, se solicita que se inste al gobierno a habilitar los mecanismos legales que posibiliten la suspensión de forma indefinida los procedimientos de desahucio con objeto de que los servicios sociales puedan ofrecer soluciones a las personas que habiten viviendas propiedad de SAREB y que se encuentren en situación económica sin alternativa habitacional.
Hay que recordar que la creación de una sociedad de gestión de activos inmobiliarios, popularmente conocida como «banco malo», fue una de las condiciones impuestas en el Memorándum de Entendimiento firmado con la Unión Europea para el rescate de España en 2012. Así, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), fue creada con el objetivo de comprar parte de los activos tóxicos y problemáticos que tenía la banca para limpiar sus balances y eliminar el lastre que en ellos tenían los activos improductivos.
La entidad fue financiada con recursos públicos casi en su totalidad, aunque la propiedad que le correspondía era menos de la mitad, perteneciente el resto de la misma a socios privados que financiaron solamente alrededor del 5%. Además, Luis Guindos, ministro de economía entonces, aseguró que en 2012 que no solo no costaría dinero público, sino que daría beneficio, pero en 2021 hay una pérdida de 15000 millones, siendo más de la mitad públicos”. Por ello, en la moción se solicita que “se inste al Gobierno a la creación de una comisión de investigación parlamentaria que establezca las responsabilidades políticas de unas decisiones que han causado un descomunal coste y que se elabore un censo de los activos que tiene en propiedad”.
En el caso concreto de Sanlúcar, el ‘banco malo’ dispone para comercializar desarrollos urbanísticos de 55 viviendas, 33 anejos, 26 unidades de suelo y 4 terciarios.
Hay que tener en cuenta en 2015, debido a la falta de vivienda asequible en la ciudad, IU elevó a pleno una moción para crear la Oficina de la Vivienda Digna. Esta oficina, compuesta en sus inicios por una abogada y asistentes sociales, se creó con la finalidad de que en el Ayuntamiento de Sanlúcar mediase con los bancos o promotoras propietarias de las corralas para que ofrecer un alquiler social a las familias que residen en ellas, una vez que los técnicos municipales determinasen que son vecinos en riesgo de exclusión social. Pero la realidad es que finalmente no se han cumplido estos objetivos y el equipo de Gobierno ha vaciado de contenido y de personal la oficina y externalizando los servicios, lo que demuestra “el nulo interés del equipo de Gobierno PSOE-Cs en materia de vivienda”.
Por todo ello, Elena Ramírez deja claro que “es fundamental paralizar de inmediato este el drama social de los desahucios que se producen en viviendas en general, pero, sobre todo, en las viviendas propiedad de la Sareb, todo ello junto a los quebrantos producidos en la gestión de esa sociedad”.
Finalmente, Ramírez ha informado que “desde IU se solicita que el pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar inste al Gobierno a que, con el fin de poder fiscalizar y controlar adecuadamente SAREB, la toma de control público incorporará la creación de un organismo que permita el seguimiento de la actividad de la sociedad y la comprobación del cumplimiento de sus objetivos, más allá de los órganos de control de la sociedad”.