La asociación empresarial de la Industria Auxiliar Naval (IAN), miembro de la Federación de Empresas del Metal de Cádiz (Femca), ha mostrado su «total desacuerdo» con introducir «criterios políticos» en el reparto de las carga de trabajo de la distintas plantas de Navantia a nivel nacional, en respuesta a una Proposición No de Ley (PNL) del BNG en la que instaba a establecer «un reparto por centros de esas 1.500 nuevas contrataciones atendiendo a una distribución proporcional al actual volumen de empleo de los respectivos centros de trabajo de Navantia», beneficiando así a los astilleros gallegos.
Ante esta situación, desde la Industria Auxiliar Naval han expresado en un comunicado su preocupación «ante la presión que se viene ejerciendo desde ámbitos políticos alrededor de la planta de Ferrol, tratando de influir sobre la dirección de esta empresa pública». Para esta asociación empresarial, el reparto «tiene que estar fundamentado en las capacidades y en la productividad de cada una de las factorías que Navantia tiene en territorio español».
Así, se ha defendido que el reparto de la carga de trabajo «se debe vincular a los objetivos estratégicos de la empresa y las especializaciones de cada planta, no de cuotas basadas en comparaciones entre centros de producción de distintas características».
José Muñoz, secretario general de Femca, se ha mostrado en contra de que «se use políticamente» este tipo de decisiones «para enfrentar a las industrias auxiliares del Ferrol, de Cartagena y de la Bahía de Cádiz, y a los propios trabajadores internos de Navantia».
Así, ha asegurado que «discrepan» de que «intenten utilizarnos para sacar un rédito político turbio que no compartimos desde el momento en que surge la propuesta», advirtiendo que el que haya sido admitida esta PNL en el Congreso «no es admisible», sobre todo teniendo en cuenta que Navantia, ha recordado, «es una empresa pública».
Desde la Industria Auxiliar Naval se ha defendido su «solvencia», añadiendo que la cadena de valor en su conjunto «tira del sector a nivel andaluz y tenemos capacidad para contratar con la carga de trabajo actualmente comprometida, más de 7.000 personas», un número que «va en aumento con las buenas noticias que estamos recibiendo».
Es por eso que se ha manifestado que «no es el momento de sembrar cizaña» ni de «crear discrepancia», sino «de remar todos a una, priorizando las capacidades antes de los réditos políticos en el escenario de la política nacional actual».
Sobre la PNL cabe indicar que fue presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego, y era relativa al Plan de Empleo anunciado para Navantia en 2023 para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
En el texto se señala que Navantia es una empresa pública dedicada a la construcción naval con centros de trabajo en la Bahía de Cádiz, Cartagena, Madrid y la ría de Ferrol, «que por su historia, dimensión, capacidad constructiva y operativa, nivel tecnológico, clientes, facturación y volumen de empleo es una de las grandes empresas industriales de su sector en el panorama mundial».
Según la PNL del BNG, el volumen de empleo llega en la ría de Ferrol «al entorno de los 1.800 empleos directos por parte de la propia Navantia, sin contar la industria auxiliar o complementaria, lo que en una zona económica y demográficamente deprimida como la de Ferrol, coloca las condiciones salariales del plantel de Navantia y la negociación de su convenio colectivo como una cuestión de la máxima relevancia económica y social para toda la comarca».
Además, se señala que en marzo de 2023 el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la contratación de 1.500 trabajadores y trabajadoras para reforzar las plantillas de la empresa, advirtiendo que en el Ferrol «aún no se completaron las incorporaciones correspondientes al anterior plan de empleo, estando pendientes un total de 100 nuevas contrataciones».
«Aún sin completar las incorporaciones en la comarca de Ferrol, ya se produjo la contratación de 100 nuevas personas en los centros situados en la bahía de Cádiz, lo que constituye una discriminación flagrante, en términos políticos, una falta de respeto a la representación legal del personal y una gran torpeza empresarial, en la medida en que significa desatender las necesidades de mano de obra del principal centro productivo y con más carga de trabajo de la empresa», finaliza el texto de esta Proposición No de Ley.