La Junta proyecta un valle industrial de cero emisiones en el Campo de Gibraltar

El valle industrial de cero emisiones en el Campo de Gibraltar forma parte de una cartera autonómica de programas e incentivos dotada con más de 1.600 millones de euros

La Junta de Andalucía proyecta instalar en el Campo de Gibraltar uno de los primeros valles industriales de cero emisiones netas de la comunidad. La iniciativa se integra en una cartera de programas de inversión industrial y tecnológica en Andalucía que supera los 1.600 millones de euros y que incluye actuaciones en industria, energía, investigación, minería, universidades y emprendimiento.

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, presentó estas líneas de actuación durante una comparecencia en comisión parlamentaria. Según los datos expuestos, la Consejería gestiona actualmente 56 iniciativas o programas de apoyo con un presupuesto asociado de 993 millones de euros, mientras que mantiene otros 31 en cartera por 623 millones.

El proyecto del Campo de Gibraltar se plantea como uno de los primeros denominados valles NZIA, concebidos para concentrar actividad industrial vinculada a las tecnologías de cero emisiones netas. La Junta prevé desarrollar también este tipo de espacios en Huelva y Lucena dentro de sus medidas para atraer y dinamizar la industria.

Estas iniciativas se encuadrarán en un plan integral de actividad industrial con horizonte entre 2028 y 2032, que incorporará una ventanilla única industrial. El Ejecutivo autonómico también prevé actualizar la Estrategia Aeroespacial de Andalucía e impulsar tecnologías duales y ámbitos como el denominado ‘New Space’, la aviación sostenible y la logística avanzada.

La industria aeroespacial y de defensa, junto con las actividades relacionadas con las emergencias, figura entre los sectores considerados estratégicos por la Consejería. El departamento incluye asimismo en esta planificación la industria verde, la agrotecnología y la relación entre salud e innovación.

En materia energética, Paradela advirtió de que la capacidad de crecimiento industrial puede verse condicionada por las infraestructuras eléctricas. Según afirmó, la densidad de la red andaluza es un 40% inferior a la media peninsular y la planificación estatal perjudica especialmente a Cádiz, Córdoba y Málaga. Se trata de una valoración de la Junta, que reclama al Gobierno central más inversiones en la red.

El Ejecutivo autonómico ha creado un Comisionado para la Electrificación de Andalucía, al que encomienda evaluar la calidad del suministro y la adaptación de las infraestructuras a las demandas industriales y sociales. La política energética contempla también el desarrollo del hidrógeno verde, los biocombustibles, los combustibles sintéticos y el biometano.

A través de la Agencia Andaluza de la Energía, la Administración autonómica mantiene más de 273 millones de euros para actuaciones de mejora energética. La financiación se canaliza mediante el programa INEA, dirigido a hogares, empresas y familias vulnerables, y los incentivos INCEA, orientados a mejorar la competitividad y el consumo energético de la industria.

La Consejería plantea continuar la implantación de instalaciones renovables procurando su compatibilidad con la protección del entorno rural. Entre los emplazamientos que pretende priorizar se encuentran las áreas industriales y los suelos mineros degradados, además de fomentar proyectos de agrivoltaica.

Otra de las líneas industriales afecta a los 2.377 polígonos existentes en 541 municipios andaluces. La aplicación de la Ley de Espacios Productivos de Andalucía incluirá la figura del Espacio Industrial Protegido y dos convocatorias para modernizar estos enclaves: una actualmente abierta por 50 millones de euros y otra posterior de 30 millones.

La agencia Andalucía TRADE incorporará hasta ocho nuevos instrumentos financieros durante el resto del actual ejercicio y 2027. Entre las partidas anunciadas figuran 70 millones para proyectos empresariales de I+D, 17 millones para investigación industrial y desarrollo experimental, tres fondos de capital riesgo dotados inicialmente con 60 millones para empresas emergentes y una línea de 32,5 millones para transformación digital e Industria 5.0.

En el ámbito científico, el Gobierno andaluz retomará la tramitación de la Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Andalucía. Antes de que finalice 2026 prevé convocar cerca de 80 millones de euros en ayudas para investigación y transferencia, incluidas las segundas convocatorias de Unidades de Excelencia e Investigación Competitiva del Sistema Andaluz del Conocimiento.

El objetivo declarado por la Junta es elevar la inversión en I+D+i hasta el 2% del producto interior bruto andaluz. Para ello plantea conectar universidades, agrupaciones de innovación, industrias y parques científicos y tecnológicos a través de Andalucía TRADE. El Programa InnovaAndalucía, que agrupa las ayudas autonómicas a la innovación, dispone de 59 millones de euros.

En el sistema universitario, la Consejería desarrollará la Ley Universitaria para Andalucía, aprobada durante la pasada legislatura. Paradela situó la financiación entre las prioridades y señaló que el modelo tendrá en cuenta tanto los recursos como los resultados e indicadores de las universidades.

La planificación presentada incluye además una línea de 40 millones de euros para minería sostenible. Andalucía cuenta actualmente con 73 permisos de investigación minera activos en 80 municipios para localizar alrededor de 50 minerales, 27 de ellos considerados críticos por la Unión Europea.