La muerte de dos guardias civiles en Huelva reaviva el recuerdo de la tragedia de Barbate
La muerte de dos guardias civiles en Huelva, tras colisionar dos embarcaciones del Servicio Marítimo durante una persecución a una narcolancha, ha provocado la reacción de la asociación Nuestro Corazón por Bandera, surgida tras el crimen de Barbate en 2024
La muerte de dos guardias civiles en Huelva este viernes, 8 de mayo, durante una persecución a una narcolancha ha vuelto a situar en primer plano la situación de los agentes destinados a la lucha contra el narcotráfico en la costa andaluza. El suceso se produjo al colisionar dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil mientras intervenían en una actuación frente al litoral onubense.
El fallecimiento de los agentes ha tenido una especial repercusión en la provincia de Cádiz, donde aún permanece reciente el recuerdo de lo ocurrido el 9 de febrero de 2024 en el puerto de Barbate. Aquel día, dos guardias civiles murieron tras ser arrollados por una narcolancha cuando participaban en un operativo contra el tráfico de drogas.
La asociación Nuestro Corazón por Bandera, creada tras la tragedia de Barbate por familiares de guardias civiles, ha expresado su “profundo dolor” por lo sucedido en Huelva. En un comunicado difundido este viernes, el colectivo señala que la noticia “vuelve a abrir heridas” que, a su juicio, no se habían cerrado desde los hechos ocurridos en la localidad gaditana.
La entidad, formada principalmente por familiares de agentes, sostiene que desde hace más de dos años viene advirtiendo sobre las condiciones en las que desarrollan su trabajo efectivos destinados en determinadas zonas costeras. En su escrito, vuelve a reclamar medidas que refuercen la seguridad y los medios materiales disponibles para afrontar intervenciones contra embarcaciones de alta velocidad empleadas por redes de narcotráfico.
Además, la asociación ha dirigido críticas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha solicitado su dimisión al considerar que no se están adoptando decisiones suficientes para garantizar la seguridad de los agentes. El colectivo plantea públicamente la necesidad de cambios en la gestión del departamento responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El nuevo suceso se produce cuando el caso Barbate continúa su recorrido judicial. Recientemente, la Fiscalía ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate. En él solicita un total de 42 años de prisión para el piloto de la narcolancha que embistió la zodiac de la Guardia Civil en febrero de 2024, causando la muerte de los agentes David Pérez y Miguel Ángel González y dejando cuatro heridos.
El Ministerio Público considera que la embarcación impactó “de manera frontal” y con “clara y determinada intención” contra la zodiac oficial. Por estos hechos, atribuye al piloto dos delitos de asesinato agravado, cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa y un delito de atentado agravado. Para el otro tripulante procesado solicita dos años de prisión por atentado agravado. En ambos casos aprecia la atenuante de arrepentimiento como muy cualificada.
Tras los hechos de Barbate fueron detenidas inicialmente seis personas, aunque un informe posterior de la Unidad Central de Operaciones (UCO) concluyó que la embarcación en la que viajaban no era la que arrolló a los agentes. Quedaron en libertad por los delitos relacionados con el atropello mortal, si bien se mantuvieron cargos por presunta pertenencia a organización criminal.
Desde aquel 9 de febrero de 2024 se han celebrado en Barbate distintos actos de homenaje a los agentes fallecidos, especialmente en el aniversario de su muerte, con ofrendas florales en el puerto de la localidad. También se han producido concentraciones y protestas en la provincia de Cádiz en las que se han reclamado responsabilidades por el operativo desplegado aquel día y por los medios disponibles para hacer frente a las narcolanchas.
La muerte de dos guardias civiles en Huelva vuelve ahora a poner el foco en la presión que soportan las unidades marítimas en el litoral andaluz y reabre el debate sobre los recursos destinados a combatir el narcotráfico en zonas como el Estrecho y la costa atlántica.
