La secretaria general de Regeneración presenta el Proyecto, que ya ha superado el debate a la totalidad en la Cámara
La secretaria general de Regeneración, Racionalización y Transparencia, Nuria Gómez, ha presentado hoy en Cádiz el Proyecto de Ley contra el fraude, la corrupción y protección de la persona denunciante, que prevé la creación de la Oficina contra el fraude, adscrita al Parlamento para garantizar su independencia del Gobierno, con competencias para prevenir, investigar y sancionar cualquier irregularidad con fondos públicos, ofreciendo garantías a quienes denuncien malas prácticas.
Gómez, junto al delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, Miguel Rodríguez, ha explicado que esta norma “responde a una necesidad de la ciudadanía, que necesita recuperar la confianza en las instituciones tras años de conductas que han minado esa confianza”.
La responsable de Regeneración ha recordado que uno de sus aspectos principales es la creación de una Oficina andaluza contra el fraude y la corrupción, que “ha sido una firme apuesta de Juan Marín desde que llegó al Parlamento andaluz en 2015 y ahora es un compromiso en marcha de este Ejecutivo recogido en el acuerdo de gobierno».
“Estará adscrita al Parlamento para garantizar su independencia del Gobierno de turno como un instrumento que inspeccione, sancione y promueva acabar con la corrupción que tanto daño ha hecho a Andalucía”, ha destacado.
La Oficina será dirigida por una persona de reconocido prestigio y experiencia, elegida por la Cámara por una mayoría cualificada y con un mandato de cinco años improrrogable. Su personal estará formado por funcionarios de carrera que tendrán la consideración de autoridad pública.
“Además de investigar, prevenir y tramitar las denuncias, la Oficina tendrá potestad sancionadora, con multas de entre 300 y 100.000 euros para infracciones, como incumplir el deber de colaboración con su labor, cualquier coacción a su personal o las denuncias falsas o tergiversadas”, ha detallado Gómez. Su ámbito de actuación no se limitará a la Junta y sus entes instrumentales sino que se extenderá a las entidades locales y universidades públicas, así como a personas y entidades privadas cuando hayan sido adjudicatarias de contratos públicos o subvenciones.
La secretaria general de Regeneración ha destacado que la norma vendrá a “proteger al denunciante de estas corruptelas y que no sufra represalias, apuesta firmemente por el empleado público andaluz y su valentía”, ofreciéndole la posibilidad de reubicarlo en otro puesto del mismo nivel si así lo desea reservándole el de origen mientras dura la investigación de su denuncia.
La Oficina contra el fraude ofrece un canal seguro para alertar de estas malas prácticas, ya que en todo momento garantiza la confidencialidad así como el derecho a conocer el estado de la tramitación de la denuncia, a ser notificada de los actos y resoluciones que se dicten, a que las denuncias finalicen con resolución expresa y motivada, a no sufrir represalias y a la reparación de los perjuicios injustificados sufridos mediante la asesoría legal y psicológica gratuita.
Modifica el régimen de incompatibilidades de los altos cargos
Además, según ha detallado Gómez, el texto incluye una modificación de la Ley de Incompatibilidades de los altos cargos para “impedir que sean titulares o autorizados de cuentas en paraísos fiscales y legislar algo que este Gobierno ya está aplicando de facto como es apartar a cualquier encausado o condenado de su puesto en la Administración andaluza. La Oficina asumirá también las sanciones en estos casos, algo que hasta ahora hacía el Consejo de Gobierno, lo que supone un plus más de garantía al encargar el control del Ejecutivo en esta materia a un órgano independiente”.
El delegado territorial ha defendido que “ahora más que nunca, dado el clima político en el que nos encontramos, debemos dar certeza a los ciudadanos de que las administraciones públicas trabajan con esa moral y esta Ley viene a aportar ese control y esa certidumbre”.
Ha recordado que “la apuesta de este Ejecutivo andaluz con la regeneración y la transparencia es firme. El martes mismo se ha refrendado en el Acuerdo de garantía de estabilidad suscrito por las dos formaciones que componen el Gobierno, Cs y PP, con cinco puntos, uno de los cuales es el compromiso -cito textualmente- para la profundización en la regeneración democrática y la política de reformas, tras décadas de mala gestión y corrupción de los gobiernos socialistas en Andalucía”.
Rodríguez ha destacado que, además de esta ley, ya están vigor las instrucciones que regulan el sistema de selección de las personas que ocupan cargos directivos en las entidades instrumentales y la evaluación anual de su trabajo por objetivos que, en caso no de llegar a una tasa de cumplimiento del 30% será causa de cese de esos directivos, como expuso ayer el vicepresidente Juan Marín en Comisión parlamentaria.
Además, la Consejería trabaja en una Ley de Evaluación de Políticas Públicas, un Código de Buen Gobierno, además de impulsar la limitación de mandatos y el fin de los aforamientos.
El Proyecto de Ley contra el fraude y la corrupción ha pasado ya el debate a la totalidad sin enmiendas totales de ningún grupo para su devolución, por lo que ya ha sido remitido a la Comisión correspondiente donde en abril está previsto que comparezcan distintos agentes sociales y entidades con el fin de enriquecer el texto con sus propuestas antes del debate final al Pleno. La norma se está tramitando por vía de urgencia para aprobarla en el último trimestre del año y el Presupuesto de 2021 ya contempla una partida para la puesta en marcha de la Oficina en este ejercicio.