La Ley por el Derecho a la Vivienda, promulgada como Ley 12/2023 el 24 de mayo, desarrolla el derecho constitucional a una vivienda digna. Con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a colectivos vulnerables, esta ley introduce medidas como el límite al precio del alquiler y el impulso a la vivienda pública.
La ley busca aumentar la oferta de viviendas asequibles, contener la subida de precios del alquiler, y apoyar a jóvenes y colectivos vulnerables. Entre las disposiciones, destaca la creación de un Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler, que ofrece información sobre el coste del alquiler en distintas zonas residenciales, fomentando la transparencia y competitividad del mercado.
Medidas Principales:
- Vivienda Pública: Se regula para evitar la venta a fondos de inversión y asegurar un porcentaje mínimo de vivienda en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda protegida.
- Límites al Alquiler: Se establecen beneficios fiscales para arrendadores que reduzcan precios en zonas tensionadas y un incremento máximo anual del alquiler basado en el Índice de Referencia de Actualización de Arrendamientos de Vivienda (IRAV).
- Protección contra Desahucios: La ley mejora la comunicación entre órganos judiciales y servicios sociales, ofreciendo soluciones habitacionales y ampliando los plazos de suspensión de lanzamientos para personas vulnerables.
Además, se redefine la figura de «gran propietario» y «vivienda vacía» para que los ayuntamientos puedan aplicar recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a propiedades vacías.
La Ley por el Derecho a la Vivienda es una de las reformas clave del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, orientada a garantizar un acceso más justo y equilibrado al mercado inmobiliario.