La llegada de los Borbones supuso un cambio fundamental en la organización territorial de la Monarquía porque supuso el triunfo del centralismo absoluto y uniformador en España. El principal instrumento para conseguirlo fueron los Decretos de Nueva Planta.
Felipe V estableció una profunda modificación en la organización de la Monarquía. Los reinos y territorios de la Corona de Aragón vieron abolidos sus fueros e instituciones cuando fueron derrotados en la Guerra de Sucesión española. Se implantó un modelo absoluto y centralista, de raíz francesa, y que no había existido anteriormente en la Monarquía Hispánica, un conglomerado de estados y reinos con sus instituciones y ordenamientos jurídicos propios. Parece evidente que estos Decretos se impusieron como represalia por la oposición de estos reinos al nuevo rey, pero, no cabe duda, que el primer Borbón tenía muy claro que había que imponer una nueva forma de gobernar y administrar la Monarquía, en línea con lo que había implantado su abuelo desde Versalles.
Este profundo cambio se articuló a través de los denominados Decretos de Nueva Planta, que suprimieron los gobiernos, instituciones y fueros de los reinos de la Corona de Aragón. En 1707 se implantó el primero de ellos sobre Aragón y Valencia, después de la batalla de Almansa. La disposición establecía la legislación y el aparato institucional castellano. En 1715 se promulgó el Decreto que se aplicó a Mallorca, que pudo conservar algunas instituciones. Por fin, año siguiente, se promulgó el Decreto de Nueva Planta para Cataluña, que perdió todas sus instituciones y fueros.
El ánimo centralizador borbónico no llegó a las provincias vascas ni a Navarra, ya que se respetaron sus fueros e instituciones porque ambos territorios habían sido fieles a la causa de Felipe V.
El modelo organizativo impuesto en los Decretos de Nueva Planta era el castellano, aunque con aspectos franceses. Desapareció la figura del virrey, propia de los Austrias, con orígenes medievales, por la de capitán general, que aunaba competencias gubernativas con otras militares. Además, se establecieron las Audiencias, encargadas de asesorar al capitán general e impartir justicia. Lo más genuinamente francés fue la figura del intendente, también aplicada en Castilla, un funcionario encargado del fomento económico del territorio que administraba, acumulando otras competencias en materia de hacienda, milicias, justicia, inspección de otras autoridades y obras públicas.
Otro aspecto fundamental en la centralización borbónica fue el fiscal. Se impuso un sistema de contribución única. Cada reino debía recaudar una cantidad fija, según su peso demográfico y riqueza: la Talla en Mallorca, la Contribución Única en Aragón, el Catastro en Cataluña y el Equivalente en Valencia.
La uniformidad llegó también a las lenguas. A partir de entonces, en la administración de la Monarquía solamente se pudo emplear el castellano. En todo caso, se dieron algunas concesiones como el mantenimiento del derecho civil catalán.