Podemos Cádiz ha expresado su profunda indignación tras la resolución judicial contra tres trabajadoras de Airbus, condenadas por su participación en las protestas que en 2021 intentaron evitar el cierre de la planta de Puerto Real. A pesar de que la movilización fue colectiva y contó con la participación masiva de trabajadores, solo tres personas han sido señaladas y procesadas.
El juicio, celebrado el 19 de junio de 2025, concluyó con un acuerdo que impone a las tres acusadas penas de 18 meses de prisión, así como una indemnización conjunta de 53.000 euros al grupo afectado y multas individuales superiores a mil euros. Según Podemos, esta decisión responde a presiones desde la jefatura de la Fiscalía en Madrid, y no a la fiscalía provincial, que inicialmente no contemplaba consecuencias penales tan severas.
Juanjo Ariza, portavoz de Podemos Cádiz, calificó esta condena como “una advertencia” más que un acto de justicia. “Lo que han hecho con estas compañeras es disciplinar a quienes defienden sus derechos en las calles”, denunció. El partido morado advierte que esta sentencia ejemplarizante forma parte de una estrategia para criminalizar la protesta social, en un momento en que miles de trabajadores del sector del metal de la Bahía de Cádiz se encuentran en huelga para exigir mejores condiciones laborales y la renovación del convenio colectivo.
Ariza defendió la dignidad de las trabajadoras afectadas y recordó que su lucha fue en defensa del empleo y el territorio. “Es inaceptable que, años después, se les haga pagar un precio tan alto. Se eligió a tres para enviar un mensaje de miedo, pero han conseguido fortalecer nuestra determinación”, afirmó.
El portavoz de Podemos Cádiz vinculó este caso con la huelga actual en el sector del metal, señalando que mientras la provincia se moviliza para reclamar derechos laborales justos, “el sistema judicial intenta amedrentar con esta represión”. “Pero en Cádiz no nos rendimos. Si tocan a una, respondemos todas”, sentenció.
Desde Podemos Cádiz se reafirma el apoyo absoluto a la clase trabajadora de la provincia y se exige el fin de la persecución judicial contra quienes luchan por sus derechos laborales y sociales.
