TRIBUNA LIBRE – El Gobierno amplía las ayudas a la vivienda

Eva Bravo Barco – Diputada del PSOE en el Congreso y Portavoz del PSOE en la Comisión de Vivienda del Congreso

El pasado 17 de marzo, con motivo de la gravísima crisis generada por la pandemia del coronavirus, el Gobierno de España aprobó un Real Decreto-ley que establecía que las personas que estén en situación de vulnerabilidad podrían solicitar del acreedor una moratoria en el pago del préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición de su vivienda habitual. Durante el periodo de vigencia de la moratoria la entidad acreedora no podrá exigir el pago de la cuota hipotecaria, ni de ninguno de los conceptos que la integran (amortización del capital o pago de intereses), ni íntegramente, ni en un porcentaje.

Pues bien, a esta excepcional cobertura se ha añadido, tras la aprobación del Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo, nuevas medidas destinadas a ayudar a quienes como consecuencia de esta crisis sanitaria se vean en dificultades para acceder o mantener su derecho a una vivienda digna.

Para empezar, se han suspendido todos los procedimientos de desahucio y los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.

Igualmente, se ha establecido una prórroga extraordinaria de seis meses para los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, de tal forma que los que estuviesen a punto de finalizar deberán prorrogarse automáticamente. Se evita así que las familias se vean privadas de una vivienda, al tiempo que se garantiza que no haya subida en el precio del alquiler.

Por otra parte, se ha decretado una moratoria de la deuda arrendaticia, con el objetivo de aliviar la situación económica de las familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Para ser más exactos, la moratoria de la deuda arrendaticia será de aplicación automática en caso de que la vivienda pertenezca a grandes tenedores y empresas o entidades públicas de vivienda. Serán considerados grandes tenedores la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2. En estos casos, el arrendador podrá optar por condonar el 50% de la deuda arrendaticia al arrendatario mientras dure la crisis y por un máximo de 4 meses. Si no optara por la condonación, se aplicaría la moratoria automática, aplazándose la deuda, que quedaría prorrateada en las futuras cuotas.

No puedo dejar de insistir en el carácter solidario de estas medidas, que beneficiará a un gran conjunto de colectivos vulnerables que reúnan los siguientes requisitos: 1.- al trabajador que se haya quedado en paro o haya sufrido un ERTE o haya tenido que reducir su jornada laboral por labores de cuidados, o al empresario o autónomo que haya sufrido una caída sustancial en sus ingresos; 2.- a las familias que hayan visto mermados sus ingresos globales y no alcancen 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual, aumentándose dicho umbral si tienen mayores, discapacitados o hijos a su cargo, o si son familias monoparentales; 3.- y a las familias cuya renta arrendaticia, más los gastos y los suministros básicos, resulte igual o superior al 35% de los ingresos de la unidad familiar.

Pero… ¿qué ocurre en el caso de que el arrendador no sea un gran tenedor de viviendas? Igualmente, en este caso, el Gobierno ha dispuesto que el arrendatario pueda solicitar la moratoria de la deuda arrendaticia. Pero en este supuesto, y para proteger la situación económica de los pequeños propietarios arrendadores, dicha moratoria no será automática. Hemos de recordar que muchos de estos pequeños arrendadores obtienen sus ingresos familiares de estas rentas. Así que, si ambas partes no llegaran a un acuerdo, el Gobierno avalará a los arrendatarios. De esta forma, el arrendatario podrá acceder a créditos con un plan de amortización de hasta 10 años, avalados por completo por el Estado, y sin gastos, ni intereses. Estos créditos deberán dedicarse al pago de la renta de arrendamiento y podrán cubrir un importe máximo de seis mensualidades.

Adicionalmente, se va a poner en marcha un nuevo plan de ayudas económicas directas destinadas al pago del alquiler de estos colectivos vulnerables. La cuantía de estas ayudas será de hasta 900 euros al mes y podrá cubrir la totalidad de la renta arrendaticia o, en su caso, el principal e intereses del préstamo que se haya suscrito y con el que se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda habitual.

Además, también se establece una moratoria de los préstamos hipotecarios de inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen los empresarios y profesionales con descenso de ingresos por la crisis sanitaria. Con esta moratoria, se pretende ayudar económicamente a superar esta difícil situación al tejido empresarial del país. Para estos empresarios, también se ha habilitado la posibilidad de acogerse al bono social eléctrico.

Por otro lado, para el caso de pequeños propietarios de segundas viviendas que hayan dejado de percibir la renta de alquiler como consecuencia de la crisis, se establecerá una moratoria de los préstamos hipotecarios que afecten a dichas viviendas.

De la misma manera, se han habilitado ayudas a las empresas públicas de vivienda y a las entidades sin ánimo de lucro que den una solución habitacional inmediata a víctimas de violencia de género, a personas sin hogar y a otros colectivos vulnerables.

Y para finalizar, y con la idea de asegurar que el derecho a una vivienda digna se ejerza, precisamente, con dignidad, se garantiza el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo para la calefacción, gas natural y agua. Estos suministros no podrán ser suspendidos mientras dure la crisis.

Como pueden ver, paliar la situación de los más vulnerables en momentos de crisis es el principal objetivo del Gobierno. Con estas ayudas se cumple con el mandato establecido en el artículo 47 de la Constitución que establece que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”.

Para concluir, quisiera volver a resaltar que el Gobierno trabaja en esta complicada situación tratando de paliar los efectos de esta grave crisis con responsabilidad. Y a pesar de que vivimos tiempos difíciles, nunca, jamás, el Gobierno dejará atrás a quienes más lo necesitan. Estas medidas en favor del derecho a una vivienda digna son una prueba más de nuestro compromiso solidario.

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1 Comentario en "TRIBUNA LIBRE – El Gobierno amplía las ayudas a la vivienda"

  1. Si tu padre no fuera quien es otro gallo te cantaría…

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