Las empresas que gestionan este servicio privatizado por la Consejería de Desarrollo Educativo y F.P. siguen incumpliendo el convenio colectivo de aplicación en lo que respecta al abono de las vacaciones y festivos, atrasos, antigüedad, contratos inferiores a lo exigido en la licitación o el abono del salario en tiempo y forma, entre otras cuestiones. Por otra parte, las intenciones y compromisos de la Consejería adquiridos con el colectivo continúan sin concretarse, por eso desde CCOO hemos convocado una convocatoria de huelga para el próximo 7 de febrero de 2024
En el día de hoy, 7 de febrero, el personal de los servicios públicos educativos y complementarios de todos los centros andaluces, en concreto, el Personal Técnico de integración Social y los intérpretes de Lengua de Signos privatizado (servicios de atención directa en el aula al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo); 320 de los primeros y 26 de los segundos, están convocados a una jornada huelga para denunciar la extrema precariedad a la que está sometido a este servicio.
En este sentido, el Secretario General de CCOO Enseñanza de Cádiz, Sebastián Alcón, ha denunciado “que la mayoría de los servicios que prestan estas profesionales están privatizados o externalizados. Es decir, licitados por empresas privadas, a través de la APAE (Agencia Pública Andaluza de Educación), la cual, a pesar de los compromisos adquiridos con el colectivo e incluso habiendo atendido a las denuncias de CCOO por los incumplimientos en materia laboral de alguna de estas empresas, continúan sin concretar las modificaciones de los próximos pliegos de licitación que podrían suponer el fin de la mayoría de las irregularidades cometidas por las empresas.
Continúa Alcón señalando que, además, estamos en un sector altamente feminizado donde más del 90 % son mujeres. Se constata de nuevo, que el binomio mujer-precariedad en los centros educativos públicos andaluces es una constante mientras este gobierno no ejecute políticas serias en coordinación con los agentes sociales con el claro objetivo de eliminar la brecha salarial entre mujeres y hombres.”
Por otra parte, nuevamente la autoridad laboral ha impuesto unos servicios mínimos abusivos que impiden que casi el 80% de PTIS e ILSE puedan ejercer su derecho a huelga. Ya fueron anulados para estos mismos colectivos por el TSJA el pasado septiembre tras la denuncia presentada por CCOO y vuelven a dictaminar similares servicios, pero, esta vez, enmascarados con un lenguaje confuso para intentar saltarse la sentencia del TSJA. Ante esta nueva vulneración de los derechos de las personas trabajadoras desde CCOO ya hemos iniciado los trámites judiciales para su denuncia.