La nueva norma contra el petaqueo en Cádiz modifica el Código Penal para sancionar de forma específica el transporte y suministro de combustible destinado al narcotráfico, incluso cuando no se pueda probar su vinculación directa con una narcolancha o un alijo de droga.
La nueva norma contra el petaqueo en Cádiz ya está en vigor y permitirá castigar con penas de tres a cinco años de prisión el transporte, tenencia y suministro de gasolina en condiciones que generen grave riesgo para la seguridad. Así lo ha explicado la fiscal delegada Antidroga en la provincia y en Andalucía, Ana Villagómez, quien considera que la reforma “cumple las expectativas” al tipificar de manera específica esta conducta vinculada al narcotráfico.
La modificación introduce un apartado 2 en el artículo 568 del Código Penal para incluir expresamente el combustible líquido como sustancia inflamable cuya posesión o transporte puede ser constitutiva de delito. Hasta ahora, la Fiscalía encuadraba estos hechos en el mismo artículo, que castiga la tenencia y transporte de explosivos o sustancias corrosivas, con penas de cuatro a ocho años de prisión.
Según Villagómez, en la provincia de Cádiz existen actualmente entre 80 y 90 procedimientos abiertos relacionados con el denominado petaqueo, término utilizado para referirse al traslado de grandes cantidades de gasolina destinadas presuntamente al abastecimiento de narcolanchas.
La fiscal ha señalado que, aunque los fiscales ya venían actuando contra estas conductas, la interpretación judicial no siempre era uniforme. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) respaldó el criterio del Ministerio Público al considerar que la gasolina puede encuadrarse como sustancia inflamable a efectos penales.
La nueva regulación, no obstante, establece una horquilla de penas inferior a la que se aplicaba hasta ahora. Frente a los cuatro a ocho años previstos con carácter general para sustancias peligrosas, el nuevo apartado fija condenas de tres a cinco años cuando se trate específicamente de combustible líquido.
Villagómez ha destacado que la principal relevancia de la reforma es que permite perseguir el transporte de gasolina de forma autónoma, sin necesidad de acreditar su conexión directa con un delito contra la salud pública o con el contrabando de narcolanchas.
En la práctica, ha explicado, la mayoría de las intervenciones policiales detectan a personas que circulan por carretera en furgonetas cargadas de bidones de gasolina o que navegan con combustible a bordo, pero sin que en ese momento se localicen ni la embarcación destinada al narcotráfico ni la droga. Esa circunstancia dificultaba hasta ahora sostener acusaciones por cooperación en delitos de tráfico de estupefacientes.
Desde 2018, las narcolanchas están consideradas género prohibido, por lo que su fabricación, tenencia, transporte o uso constituye un delito de contrabando. Sin embargo, demostrar que el combustible intervenido iba destinado a una embarcación concreta o a un alijo específico no siempre resultaba viable en sede judicial.
Con la nueva norma contra el petaqueo en Cádiz y el resto del país, el foco se sitúa en el riesgo que supone el traslado de grandes cantidades de gasolina en condiciones que puedan generar grave inseguridad ciudadana o peligro para las personas. Es esa situación de riesgo, y no la prueba del destino final del combustible, la que fundamenta el tipo penal.
La fiscal ha subrayado que esta modificación legislativa respalda el criterio que venía manteniendo el Ministerio Público y facilita la continuidad de los procedimientos ya iniciados. Además, considera que la pena prevista es comparable a la establecida para delitos relacionados con el tráfico de hachís en cantidades de notoria importancia.
La provincia de Cádiz, especialmente el Campo de Gibraltar y la costa atlántica, es uno de los principales escenarios de actuación de las redes dedicadas al narcotráfico por vía marítima. El abastecimiento de combustible es una pieza esencial para el funcionamiento de las narcolanchas, que requieren grandes cantidades para realizar travesías rápidas entre la costa africana y el litoral gaditano.
Con esta reforma, las autoridades disponen de una herramienta jurídica específica para actuar contra uno de los eslabones logísticos del narcotráfico, en un contexto en el que las fuerzas de seguridad mantienen operativos constantes contra estas redes en la provincia.
