Hacienda solicita el Fondo de Solidaridad de la UE para Andalucía por los daños de las borrascas de enero y febrero
El Gobierno ha pedido el Fondo de Solidaridad de la UE para Andalucía tras cifrar en 1.801 millones los gastos derivados de siete borrascas que dejaron más de 12.400 desalojados, 150 carreteras afectadas y un récord histórico de lluvia en Grazalema (Cádiz).
El Ministerio de Hacienda ha remitido este viernes a la Comisión Europea la solicitud formal del Fondo de Solidaridad de la UE para Andalucía y Extremadura con el objetivo de financiar parte de los gastos ocasionados por la sucesión de borrascas registradas entre el 22 de enero y el 14 de febrero de 2026.
El Ejecutivo sostiene que la secuencia de siete borrascas atlánticas —Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils y Oriana— cumple los requisitos establecidos por la normativa comunitaria para ser considerada una “catástrofe de naturaleza grave”. Según la documentación enviada a Bruselas, los daños superan los umbrales fijados, lo que permitiría acceder a este mecanismo europeo de ayuda.
El coste de los gastos susceptibles de financiación asciende a 1.801 millones de euros. No obstante, la cuantía final que recibiría España será determinada por la Comisión Europea tras evaluar la solicitud y deberá ser aprobada posteriormente por el Consejo y el Parlamento europeos. El proceso puede prolongarse durante varios meses.
Las lluvias fueron especialmente intensas en el sur peninsular. En Andalucía y Extremadura las precipitaciones acumuladas triplicaron los valores climatológicos de referencia (1991-2020). El episodio más crítico se produjo entre el 3 y el 7 de febrero, asociado a la borrasca Leonardo.
En la provincia de Cádiz, el municipio de Grazalema registró 577 litros por metro cuadrado en 24 horas, un récord histórico que provocó inundaciones extraordinarias. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el conjunto del episodio se sitúa como el segundo valor más alto de precipitación acumulada en 31 días en lo que va de siglo en la España peninsular, y entre los más relevantes desde 1961.
El impacto humano y material fue significativo. Más de 12.400 personas tuvieron que ser desalojadas y se produjeron cortes en suministros básicos. Varias viviendas resultaron destruidas o inhabitables, con derrumbes totales o parciales en algunos casos.
En materia de infraestructuras, se contabilizaron 150 carreteras afectadas y se suspendió el tráfico ferroviario en distintas líneas. También se registraron daños en centros educativos, sanitarios, instalaciones deportivas, edificios públicos y puertos. Fue necesario realizar desembalses controlados para garantizar la seguridad de presas e infraestructuras hidráulicas.
El sector agrícola y ganadero sufrió afecciones generalizadas, con explotaciones anegadas y pérdidas económicas. También se vieron afectados polígonos industriales y pequeños negocios, algunos de los cuales quedaron temporalmente aislados. Asimismo, se notificaron daños en bienes del patrimonio cultural, como castillos y conventos, y deterioros en espacios naturales.
El Fondo de Solidaridad de la UE para Andalucía permitiría cubrir parte del gasto público destinado a actuaciones de emergencia ya realizadas, como el restablecimiento de infraestructuras básicas (energía, agua, sanidad y educación), el alojamiento provisional de la población afectada, los servicios de emergencia, las operaciones de limpieza y la protección del patrimonio cultural.
De forma paralela, el Gobierno central aprobó el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, con medidas urgentes para hacer frente a los daños causados por los fenómenos meteorológicos adversos, con especial incidencia en Andalucía y Extremadura. Entre otras actuaciones, se activaron ayudas directas por daños personales y en viviendas, apoyo a autónomos y pymes, exenciones fiscales y financiación para obras de reconstrucción en entidades locales.
El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea fue creado en 2002 tras las inundaciones de Europa central. España lo ha activado en ocho ocasiones anteriores, entre ellas por el terremoto de Lorca en 2011, la pandemia de COVID-19, la erupción del volcán de La Palma y la DANA de 2024. En este último caso, el país recibió 946 millones de euros, una de las mayores asignaciones concedidas por este instrumento.
Con la nueva solicitud, el Gobierno busca complementar los recursos nacionales ya movilizados para acelerar la recuperación en las zonas afectadas, entre ellas varios municipios de la provincia de Cádiz que registraron algunos de los mayores niveles de precipitación del episodio.
