El PP pide un plan de apoyo al cereal ante las pérdidas del campo de Cádiz
El plan de apoyo al cereal solicitado por el PP incluiría ayudas directas para los agricultores de Cádiz, cambios en los seguros agrarios y medidas sobre las importaciones y los costes de producción.
El Grupo Popular de la Diputación de Cádiz presentará en el Pleno provincial del próximo 16 de septiembre una moción para solicitar al Gobierno de España la creación de un plan extraordinario de apoyo al cereal. La propuesta pretende compensar la pérdida de rentabilidad que, según el partido, acumulan los productores gaditanos.
El texto plantea la concesión de ayudas directas a los agricultores para afrontar el incremento de los costes de producción y la caída del precio del grano. La iniciativa incluye además medidas relacionadas con las importaciones, los seguros agrarios y la Ley de la Cadena Alimentaria.
El PP sostiene que el sector cerealista encadena cuatro campañas con márgenes económicos negativos y sitúa las pérdidas por encima de los 200 euros por hectárea. La formación atribuye esta situación al precio que reciben los productores y al encarecimiento de los fertilizantes, los productos fitosanitarios y la energía.
La provincia de Cádiz dispone de más de 91.000 hectáreas dedicadas al cultivo de trigo, cebada y avena, según los datos aportados en la moción. Esta superficie representa más del 15% del terreno destinado a los cereales de invierno en el conjunto de Andalucía.
El trigo duro es el cultivo predominante y ocupa aproximadamente la mitad de la superficie cerealista gaditana. Su presencia se concentra especialmente en las zonas de campiña y secano, entre ellas la comarca de La Janda y la campiña de Jerez.
El portavoz del PP en la Diputación, Juancho Ortiz, ha advertido de que la reducción de la rentabilidad está provocando el abandono progresivo de este cultivo. Según el dirigente popular, los agricultores encuentran cada vez más dificultades para mantener explotaciones que no generan beneficios.
Ortiz también ha vinculado la situación actual con los daños causados durante el año por las borrascas y las inundaciones. El portavoz ha cifrado en 527 millones de euros las pérdidas ocasionadas y considera que estos efectos agravan los problemas económicos acumulados durante las campañas anteriores.
La moción solicitará que el plan de apoyo al cereal incorpore ayudas directas destinadas a compensar los mayores gastos soportados por los productores. El PP pretende que estas aportaciones permitan mantener la actividad de las explotaciones afectadas por los bajos precios y el incremento de los costes.
Otro de los puntos incluidos pide garantizar que las importaciones de grano compitan en condiciones equivalentes con la producción española. Ortiz afirma que el cereal procedente del extranjero representa ya el 43% del consumo interno y considera que esta situación repercute sobre los precios recibidos por los agricultores nacionales.
El Grupo Popular también solicitará una revisión del funcionamiento de los seguros agrarios. La propuesta pretende adaptar este sistema a las circunstancias que atraviesan los cultivos y mejorar la respuesta ante los daños ocasionados por fenómenos meteorológicos.
La iniciativa incorpora igualmente una petición para adecuar la Ley de la Cadena Alimentaria a la situación del sector. Esta normativa regula las relaciones entre los distintos eslabones que intervienen en la producción, transformación, distribución y comercialización de los alimentos.
En el ámbito comunitario, la moción reclamará que el Gobierno defienda ante la Unión Europea medidas específicas para los agricultores del sur del continente. El PP considera que las condiciones productivas y climáticas de estas zonas requieren una respuesta diferenciada.
El sector primario representa alrededor del 4% del empleo de la provincia, conforme a las cifras incluidas en la propuesta. El partido relaciona la pérdida de rentabilidad con la salida de trabajadores hacia otras actividades y con las dificultades para garantizar el relevo generacional.
La moción será debatida por los grupos políticos en la sesión plenaria de la Diputación del 16 de septiembre. Su eventual aprobación supondría trasladar al Gobierno central las peticiones sobre ayudas, importaciones, seguros, cadena alimentaria y política agraria europea.
