La Diputación de Cádiz reclama mejoras en vivienda, dependencia y educación en un pleno marcado por la tensión política

El pleno de la Diputación de Cádiz respalda iniciativas sobre servicios públicos y lucha contra el narcotráfico, mientras el debate sobre violencia de género deriva en un enfrentamiento por el caso del alcalde de Algeciras

El pleno de la Diputación de Cádiz celebrado el 21 de octubre abordó el acceso a la vivienda, la financiación de la dependencia, las necesidades de personal educativo y el refuerzo de la lucha contra el narcotráfico. La sesión permitió aprobar distintas reivindicaciones dirigidas a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España, varias por unanimidad, aunque estuvo marcada por un enfrentamiento entre PSOE y PP durante el debate sobre los servicios de atención a las víctimas de violencia de género.

La discusión de esa propuesta socialista, que finalmente recibió el respaldo de todos los grupos, concentró los momentos de mayor tensión. La diputada del PSOE Collado vinculó sus críticas a la protección de las víctimas con la actuación del PP ante las acusaciones contra el alcalde de Algeciras. Paula Conesa respondió defendiendo las decisiones adoptadas por su formación y recordando que corresponde a la justicia determinar las responsabilidades penales.

Las interrupciones y los turnos por alusiones obligaron a Presidencia a realizar reiteradas llamadas al orden y a advertir sobre un posible desalojo. El portavoz socialista, Pizarro, cuestionó posteriormente la intervención de la presidenta en el intercambio y le pidió que contribuyera a moderar el debate.

Vivienda y financiación de los cuidados

El acceso a la vivienda fue otro de los principales asuntos de la sesión. La moción socialista planteó reclamar a la Junta la aplicación del Plan Estatal de Vivienda 2026–2030 y la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en los municipios de la provincia que cumplan los requisitos.

Durante el debate hubo referencias expresas a Cádiz capital. Pizarro situó los alquileres de la ciudad aproximadamente entre 800 y 1.200 euros por vivienda y reclamó recuperar la inversión autonómica en vivienda pública. El PP cuestionó las medidas del Gobierno central y defendió la necesidad de ofrecer seguridad jurídica para favorecer la oferta de alquiler. Presidencia anunció la aprobación de la iniciativa.

La financiación de la dependencia obtuvo el respaldo unánime de la corporación. La propuesta de Izquierda Unida reclama a ambas administraciones una planificación económica estable y suficiente para cubrir el coste efectivo de residencias, centros de día, recursos para personas con discapacidad y ayuda a domicilio.

El diputado de IU Galán advirtió de las dificultades que afrontan los ayuntamientos para sostener estos servicios. Como ejemplo, explicó que Trebujena había pasado de unas 4.000 a 8.300 horas mensuales de ayuda a domicilio en dos años y alertó de que una financiación insuficiente podría obligar al municipio a devolver su gestión a Diputación.

Personal educativo y atención al alumnado

La corporación también aprobó una iniciativa de IU sobre los derechos laborales del personal técnico de integración social, conocido como PTIS. La propuesta pide contratos estables durante todo el año, jornadas ajustadas a las necesidades de los centros, incorporación el 1 de septiembre y una revisión urgente del modelo de externalización.

IU y PSOE vincularon la precariedad de estos profesionales con las dificultades para garantizar una educación inclusiva. El PP defendió el incremento de los recursos autonómicos y recordó que la externalización comenzó bajo gobiernos socialistas.

Por unanimidad salió adelante la moción del PSOE para reclamar la cobertura de vacantes en las escuelas infantiles públicas del Campo de Gibraltar. Los socialistas cifraron las necesidades en 45 profesionales y denunciaron problemas de atención y conciliación. El PP ofreció una relación de sustituciones y plazas pendientes y aseguró que la Junta trabaja para cubrirlas.

Seguridad y apoyo a las familias

En materia de seguridad, el pleno respaldó la propuesta del PP para recuperar OCON-Sur con mando único y reforzar los medios de la Guardia Civil contra el narcotráfico. La iniciativa recibió el apoyo de PP, IU y La Línea y la abstención del PSOE, que cuestionó el diagnóstico de los populares.

También hubo unanimidad en la propuesta sobre la prestación CUME para familias que necesitan reducir su actividad laboral para cuidar a hijos con cáncer u otra enfermedad grave.

En ruegos se abordaron las inundaciones de Arcos, las conexiones aéreas entre Jerez y Madrid y las reclamaciones del personal del Consorcio de Bomberos. Tras anunciarse el levantamiento de la sesión, representantes de Agamama leyeron un manifiesto para exigir una atención sanitaria más ágil, coordinada y dotada de recursos para las mujeres con cáncer de mama.