La economía sumergida en Cádiz baja al 15,52% del PIB, según un estudio de la CEC

La economía sumergida en Cádiz representa unos 4.613 millones de euros y alcanza su menor nivel estimado en cuatro décadas, diez puntos por debajo de 2012

La economía sumergida en Cádiz representa el 15,52% del Producto Interior Bruto (PIB) provincial, equivalente a unos 4.613 millones de euros de actividad fuera de los registros oficiales. Es el porcentaje estimado más bajo de los últimos cuarenta años, según un estudio promovido por la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC) y presentado el 30 de octubre de 2026.

El informe, titulado Análisis de la Economía Sumergida en la provincia de Cádiz, 1986-2025, refleja una reducción de más de diez puntos porcentuales desde 2012. Aquel año, la actividad no declarada suponía el 25,83% del PIB gaditano, mientras que en 2020 se situaba en el 19,51%.

La investigación ha sido elaborada por Izaskun Barba, doctora e investigadora de la Universidad Pública de Navarra, bajo la dirección y supervisión de Vicente Ríos, profesor de la Universidad de Pisa. El trabajo forma parte del programa Dipuinnova, financiado por la Diputación Provincial de Cádiz, y actualiza hasta 2025 los estudios anteriores impulsados por ambas entidades.

Además de analizar la evolución registrada desde 1986, el documento incorpora por primera vez un diagnóstico de los 45 municipios de la provincia. Este apartado establece distintas necesidades de intervención en función de las características económicas y laborales de cada territorio, aunque sus clasificaciones no constituyen estimaciones municipales de fraude.

El estudio señala que Barbate, Conil, Chipiona, Vejer, Tarifa y Chiclana presentan condiciones que aconsejan actuaciones específicas para facilitar la incorporación de actividades a la economía formal. Para Cádiz capital y Jerez plantea estrategias adaptadas a su mayor dimensión empresarial. Los indicadores pretenden servir como herramienta para orientar políticas públicas según la situación de cada municipio.

Entre los factores más relacionados con la persistencia de la actividad económica no declarada, la investigación identifica el desempleo y la inestabilidad laboral. También apunta a la incidencia de las operaciones comerciales que no quedan registradas y de determinadas prácticas de facturación.

El informe incluye simulaciones sobre los posibles efectos de reducir a la mitad la economía sumergida actual e incorporar esa actividad progresivamente al circuito formal hasta 2035. Bajo los supuestos empleados por los investigadores, ese proceso permitiría aflorar unos 2.307 millones de euros de producción.

El modelo estima, además, que la regularización podría favorecer la generación de 520 millones de euros adicionales de PIB real anual en 2035. Esta cantidad equivaldría aproximadamente a 400 euros por habitante. Para el conjunto de las administraciones públicas, la recaudación adicional podría alcanzar los 988 millones de euros anuales.

Estas cifras corresponden a escenarios económicos condicionados al cumplimiento de los supuestos contemplados en el estudio, por lo que no constituyen previsiones garantizadas. Su objetivo es calcular el efecto potencial que tendría la incorporación de una parte de la actividad irregular a la economía declarada.

El documento formula 18 propuestas para el periodo comprendido entre 2026 y 2030. Entre ellas figuran mejorar la información estadística disponible, facilitar la regularización de actividades, reforzar la estabilidad laboral, extender la digitalización de la facturación y aumentar la coordinación entre las administraciones.

El presidente de la CEC, José Andrés Santos, considera que la reducción detectada supone un avance, aunque sostiene que el volumen de actividad no declarada continúa siendo elevado. Santos ha centrado sus críticas en la competencia desleal que, a juicio de la organización empresarial, sufren las empresas que cumplen sus obligaciones fiscales y laborales.

“La economía sumergida no es solamente un problema de recaudación fiscal. Es, ante todo, una grave injusticia para los miles de empresarios que cumplen con sus obligaciones, generan empleo y compiten respetando las mismas reglas”, ha afirmado el presidente de la confederación.

La organización empresarial sostiene que las actividades que eluden obligaciones fiscales y laborales perjudican a las compañías que operan legalmente y dejan a los trabajadores con menor protección. La CEC reclama combinar el control del fraude deliberado con medidas que faciliten la formalización de empresas y autónomos.

Santos también ha pedido una respuesta coordinada de administraciones públicas, empresas y agentes sociales. Entre las medidas defendidas por la confederación figuran la reducción de cargas burocráticas, una mayor seguridad jurídica y la aplicación de incentivos y facilidades para quienes desarrollan su actividad dentro de la legalidad.