El proyecto de la Unión de Armas en el siglo XVII fue uno de los intentos más evidentes para promover la uniformización de la Monarquía Hispánica, con el fin de poder afrontar los retos que suponía su intensa política exterior y militar en Europa, cuando su hegemonía estaba poniéndose en entredicho. El autor del proyecto fue el conde-duque de Olivares, que defendía un cambio profundo en las estructuras de la Monarquía, quizás el más importante de la larga etapa histórica de los Austrias. El valido pretendía crear un ejército común sostenido con el esfuerzo de todos los territorios, no sólo de Castilla. Pero fue interpretado en los estados y reinos no castellanos, especialmente en los pertenecientes a la Corona de Aragón, como un paso hacia la centralización y la superación de sus propios ordenamientos jurídicos.
Desde su llegada al poder, Olivares estuvo pensando e ideando una unión militar de los estados de la Monarquía Hispánica, habida cuenta de la implicación en los conflictos europeos derivados de la Guerra de los Treinta Años y de la renacida rebelión de los Países Bajos. Pero, además, se debe interpretar la Unión de Armas como un paso fundamental dentro de un ambicioso plan político. En el Gran Memorial de 1624 decía que había que “reducir estos reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla”. El rey Felipe IV debía ser verdaderamente rey de España, y no rey de Castilla, Aragón, Valencia, conde de Barcelona, rey de Portugal, rey de Navarra, etc.. Parece, por tanto, lógico que desde la Corona de Aragón se viera con resquemor al todopoderoso conde-duque y sus iniciativas.
La Unión de Armas posibilitaría la colaboración militar de los reinos y estados, pero, sobre todo, dentro del proyecto general del valido, facilitaría las relaciones entre los distintos componentes en aras de la unión final. Además, en principio, se pretendía aligerar la intensísima presión fiscal que sufría Castilla, el verdadero sostén de la política militar de la Monarquía desde los tiempos del emperador Carlos. Bien es cierto, por otro lado, que en compensación Castilla se venía beneficiando de la presencia de la Corte y de la Monarquía en su territorio.
Antes de presentar el proyecto de Unión de Armas el conde-duque, uno de los políticos más hábiles del momento y de todo el siglo XVII, intentó tantear el terreno, exponiendo sus ideas en instituciones en la Corte, y a los procuradores de las distintas Cortes, para luego afrontar la situación directamente, es decir, a los reinos de la Corona de Aragón, a través de sus Cortes.
El proyecto se denominó oficialmente Papel que escribió el Conde Duque deseando entablar la unió de los reinos de esta Monarquía, y tiene fecha de 15 de octubre de 1625. En primer lugar, exponía el problema. La política militar de la Monarquía debía cambiar habida cuenta del crecido número de sus enemigos en Europa. En vista de que había que afrontar gravísimos retos parecía conveniente que todos los territorios de la Monarquía Hispánica colaborasen militarmente. Se intentaba dejar muy claro que esta colaboración era solamente para la guerra europea. La colaboración de cada reino sería la siguiente: Aragón pondría diez mil soldados; Valencia y Sicilia seis mil cada una; Cataluña, Portugal y Nápoles dieciséis mil, cada uno; Castilla (incluyendo las Indias), cuarenta y cuatro mil; Milán, ocho mil; Flandes, doce mil; y las Islas, seis mil. También se establecía el compromiso de acudir a cada territorio en guerra con una determinada fuerza militar. Este formidable ejército debía contemplarse como una fuerza disuasoria frente a los enemigos de la Monarquía, ya que debía intimidarlos para impedir que emprendiesen acciones militares.
Las Cortes de la Corona de Aragón no aceptaron este proyecto. En Valencia no se obtuvieron soldados. A lo sumo, una determinada cantidad de dinero (un servicio) a pagar en un largo plazo de tiempo y que solamente podría servir para sufragar una fuerza de unos mil infantes; todo un fracaso, ya que el proyecto preveía una aportación de seis mil hombres, como hemos comprobado. Por su parte, Aragón solamente aceptó aportar dos mil soldados o su equivalente en dinero. Recordemos que Aragón debía contribuir con ocho mil efectivos humanos más de los que ofreció. Por fin, los catalanes se negaron a colaborar.
A pesar de este evidente fracaso el rey Felipe IV insistió y elevó el proyecto de su valido a rango legal, según una disposición del mes de julio de 1626. Se consiguió que Castilla aportase el pago de dos terceras partes de lo que costaba poner en marcha veinticuatro mil soldados, aunque se estaba muy lejos del proyecto inicial. Tampoco Flandes y los territorios italianos eran muy partidarios de la Unión de Armas. Así pues, hubo que ir modificando las ambiciosas iniciales cifras.
En conclusión, la Unión de Armas fue un fracaso evidente, tanto desde el punto de vista de la política militar, como un paso previo a la uniformización de la Monarquía. Pero, además, generó una intensa inquietud en muchos territorios, especialmente en Cataluña, y que desembocaría en los sucesos de la intensa crisis de 1640. Otra de las consecuencias fue que la oposición a Olivares se fortaleció en su camino para derribarle del poder.