Su presidente reclama que, en ambos casos, sean independientes y estén dotadas de perfiles con conocimiento y experiencia para su gestión
El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales ha manifestado su deseo de que el próximo gobierno de Juanma Moreno la Junta de Andalucía fortalezca las consejerías con competencias en los ámbitos social-laboral y Justicia, reclamando que, en ambos casos, sean independientes y dotados de perfiles con conocimiento en ambas materias para su gestión.
El presidente del Consejo Andaluz de estos operadores jurídicos y especialistas en relaciones laborales, José Blas Fernández Sánchez, espera que el anuncio del presidente Moreno, en el sentido que incrementará el número actual de consejerías, se traslade a “un organigrama en el que las materias de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, por una parte, y Justicia, por otro, figuren de manera independiente, debido a la importancia que tienen ambas de cara al funcionamiento y el progreso de nuestra comunidad”,
“En la anterior legislatura recién disuelta, la consejería relativa a Empleo sí ha tenido ese carácter, con una consejera experta en temas sociolaborales, Rocío Blanco Eguren, una inspectora de trabajo, independiente, que ha hecho una gran labor, especialmente difícil a causa de pandemia”, señala el presidente del Consejo de Graduados Sociales. “Si embargo, Justicia estaba adscrita a una estructura donde cabía de todo: Turismo, Regeneración, Administración Local y Justicia. Creemos que ésta última debe ser una consejería específica, con sus correspondientes delegados provinciales, porque su buen funcionamiento es clave para Andalucía. Las competencias en Justicia están por desarrollar, especialmente las relativas a la mejora de las infraestructuras y dotaciones de recursos humanos a los juzgados”, agrega José Blas Fernández Sánchez.
El Consejo Andaluz, que representa a más de 9 mil graduados sociales de las 8 provincias andaluzas, más Ceuta y Melilla, reclamando que en esta nueva legislatura se adopten medidas legislativas y un pacto institucional, político y social, para que Gobierno, Junta de Andalucía, junto a los operadores jurídicos, busquen vías de solución a la situación de merma de recursos de la Justicia Social.