El sindicato lamenta que el Gobierno central no haya mostrado voluntad alguna de solucionar el conflicto
Los funcionarios y funcionarias de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia han iniciado este lunes 22 de mayo una huelga indefinida para exigir el reconocimiento real y retribución de las funciones que llevan a cabo. Asimismo, en estos días se prevén concentraciones de protesta en Cádiz y Algeciras (mañana, a las 11h, frente a los juzgados de San José –Cádiz, y ante la Audiencia Provincial de Algeciras) como antesala de la manifestación que se prepara el próximo jueves en Madrid y a la que acudirán funcionarios de toda España.
Hoy se han desarrollado asambleas informativas en distintas sedes judiciales sobre los motivos que hay detrás de esta movilización, que se prolonga desde el pasado mes de abril y ha ido creciendo en intensidad ante la falta de respuesta del Ministerio que dirige Pilar Llop.
CSIF –el sindicato convocante mayoritario- ha lamentado que el Ministerio no haya mostrado voluntad de solucionar el conflicto con una oferta seria para reconocer profesional y retributivamente el trabajo que desempeñan estos trabajadores y trabajadoras, que representan el 93% del total de la Administración de Justicia.
El responsable de Justicia de CSIF Cádiz, Manuel Lobato, ha recordado que el Ministerio “lleva semanas haciendo oídos sordos a nuestras reivindicaciones y al endurecimiento de nuestras protestas, cuyos efectos negativos para la ciudadanía lamentamos profundamente, si bien el único responsable es el Ministerio, que sí ha tenido a bien atender y responder positivamente a todos colectivos”.
Para CSIF, el colectivo está siendo discriminado voluntariamente por el Gobierno central a pesar de que está formado unos 45.000 trabajadores en el conjunto de España (unos 1.500 en la provincia gaditana). “Nos tratan como funcionarios de segunda frente a otros cuerpos, a pesar de que llevamos décadas sin ser reconocidos ni profesional ni retributivamente” ha señalado Lobato, recalcando que “si sólo hubiéramos hecho las funciones que tenemos asignadas legalmente, la Justicia ni funcionaría ahora ni habría funcionado nunca”.
Los sindicatos convocantes –CSIF, STAJ, CCOO y UGT- exigen al Gobierno que ponga encima de la mesa una propuesta digna y aceptable para negociar. Según los cálculos del comité de huelga, desde el inicio del conflicto más de 500.000 juicios se han visto suspendidos y aplazados, así como más de 30 millones de actuaciones judiciales paralizadas y millones de ciudadanos afectados en toda España. En la provincia de Cádiz, CSIF calcula que se han podido ver afectados más de medio millón de expedientes y trámites, y cientos de juicios suspendidos.