El título parece obvio, pero no lo es en un país donde cada vez hay más Torquemadas con ganas de fuego, pocas luces y mucho público. El episodio de los futbolistas Cala y Diakhaby es solo una muestra más de esa tendencia peligrosa (tan peligrosa o más que el delito que se denuncia) de pisotear uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema penal: la presunción de inocencia. Desgraciadamente, no es la primera vez que escribo sobre esta práctica delirante, tan de moda en nuestros días, y a la que no solo se suman individuos sin formación ni responsabilidad, amigos discutiendo en la barra de un bar o tertulianos analfabetos, sino representantes públicos, periodistas acreditados, medios de comunicación y esa clase política tan nuestra acostumbrada a oler la carroña y saltar al instante para ver si pueden rascar algún voto.
Es vergonzoso que en pleno siglo XXI tengamos que seguir hablando de racismo, de machismo, de homofobia… Pero no es menos vergonzoso que tengamos que seguir recordando, en el mismo siglo, que uno de los derechos fundamentales de cualquier individuo, en España y en Europa, independientemente del delito denunciado y de la persona que denuncie, es la presunción de inocencia. No importa si el denunciante es árabe, judío o cristiano. No importa si es hombre o mujer, si es homosexual o heterosexual, si pertenece a una minoría que ha sufrido persecuciones a lo largo de la historia o, por el contrario, pertenece a un grupo social privilegiado. Ese circo mediático que se forma cada día, dando por hecho que la supuesta víctima es por naturaleza la portadora de la verdad, es uno de los espectáculos más grotescos, oscuros y lamentables de nuestros días.
Quienes denuncian pueden estar diciendo la verdad, por supuesto, y me parece bien que tengan a su disposición todos los medios para poder demostrarlo. Sin embargo, también pueden equivocarse, mentir, querer sacar provecho de una determinada situación o librarse de un problema. A lo largo de mi vida, no me he encontrado nunca, entre los humanos, con seres de luz ni ángeles celestiales. Y precisamente por eso se estableció la presunción de inocencia. Y por eso el denunciado, siempre, debe ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y su posible culpabilidad, afortunadamente, todavía no se demuestra en un plató de Telecinco ni en un hilo de Twitter.
Aún tengo en la retina los documentales y entrevistas sobre «Los Cinco de Central Park» y la brutalidad con la que una sociedad destrozaba las vidas de cinco chicos y sus familias, precisamente porque todo apuntaba a ellos en un contexto donde el color de la piel, el sexo y el sufrimiento de una víctima eran infinitamente más importantes que la presunción de inocencia. Acabar con lacras sociales como el racismo o el machismo es básico, esencial, y en ello nos va la vida. Pero en recuperar el principio de presunción de inocencia también nos va la vida. Esta semana ha pasado con un futbolista, el mes pasado con un tertuliano, antes con un músico o un actor. Y mañana me puede pasar a mí, o a ti. Si se demuestra que han cometido esos gravísimos delitos de los que son acusados, que el peso de la ley caiga sobre ellos con toda su contundencia. Mientras no se demuestre, la presunción de inocencia estará con ellos. Y, viendo cómo resurge con fuerza la Inquisición en redes sociales y medios de comunicación politizados, me tranquiliza saberlo.
Hay delitos que, por falta de pruebas, no pueden ser juzgados. De lo que sí hay pruebas (de sobra) es de las acusaciones que siguen formulando impunemente esos políticos (algunos son portavoces de partido o llevan la cartera de algún ministerio), periodistas y cargos públicos que se permiten saltarse la presunción de inocencia para juzgar y condenar a una persona exclusivamente por el tipo de víctima o de delito que se denuncia. Espero que sean pronto llevados a juicio. A lo mejor así se lo piensan dos veces antes de teclear su próximo tuit y reflexionan un poco sobre la responsabilidad pública que tienen. Tal vez hasta terminen entendiendo, de una forma práctica, la diferencia que existe en nuestro código penal entre ser culpable o presunto culpable de un delito.