La Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para el desarrollo de actividades de investigación, estudio y divulgación en materia de Memoria Histórica y Democrática, correspondientes a 2018. La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de 4 de septiembre, contempla en esta edición como beneficiarios, además de a entidades memorialistas, a ayuntamientos y universidades públicas andaluzas.
La dotación de las subvenciones es de 300.000 euros, lo que supone un aumento de un 200% respecto al año anterior. De esta cantidad, 120.000 euros van destinados a las entidades memorialistas, 100.000 a entidades locales y 80.000 a proyectos de investigación surgidos desde la Universidad. El plazo de presentación de las solicitudes comienza el 5 de septiembre y finaliza el 20 del mismo mes. La resolución de concesión se dictará en el plazo máximo de tres meses.
La Junta viene convocando ininterrumpidamente desde 2006 subvenciones destinadas principalmente a los colectivos memorialistas para el desarrollo de proyectos de investigación, edición y difusión, vinculados a la recuperación de la memoria histórica de Andalucía.
La novedad de la presente convocatoria es la inclusión como beneficiarios de ayuntamientos y universidades públicas andaluzas. Esta decisión se debe a la creciente implicación que los ayuntamientos andaluces han mostrado con la Memoria, fundamentalmente a partir del desarrollo de intervenciones de tipo arqueológico y antropológico en víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista, así como a la colaboración con diferentes equipos y grupos de investigación vinculados a la Universidad, cuyos trabajos suponen una mayor garantía de éxito en futuras intervenciones en fosas.
La aportación económica para la cooperación con otras administraciones e instituciones, así como con entidades memorialistas, para el desarrollo de proyectos de investigación y divulgación y como estrategia de reparación a las víctimas desde la colaboración y la pedagogía, constituye uno de los objetivos transversales del Gobierno andaluz, y que se articulan a partir del I Plan andaluz de Memoria Democrática, por el que se regirán las políticas públicas de Memoria a desarrollar en los próximos cuatro años.