El juzgado de instrucción número tres de Cádiz ha emitido un auto en el que procesa al alcalde de Cádiz, José María González Santos, su jefe del Gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia y al ex concejal Manuel González Bauza por sendos delitos de calumnias e injurias contra el anterior Equipo de Gobierno de Cádiz.
Pese a que la fiscalía no apreció delito en las declaraciones de los acusados la estrategia del Partido Popular pasa por sentar a los acusados en el banquillo, independientemente del resultado del mismo. Lo importante no es resarcir el honor de los denunciados sino obtener la foto del primer edil sentado en el banquillo, una imagen que le acompañará para siempre como ha ocurrido con algunos acusados del caso Zona Franca que, pese a resultar absueltos, tienen que ver de vez en cuando su imagen en prensa cuando salta a la actualidad alguna noticia sobre los dos delegados del Partido Popular que fueron condenados.
La estrategia de los populares para conseguir la apertura de juicio oral ha pasado por desdoblar la acusación particular. El concejal Juan José Ortiz representa a los miembros del Grupo Popular y José Blas Fernández Escobar a su padre, el concejal José Blas Fernández. Al existir tres acusadores en el procedimiento y tan solo uno de ellos no apreciar delito, dificulta a la jueza tomar una medida distinta de la de abrir juicio oral.
Los populares han puesto en marcha toda su artillería jurídica para mantener viva una demanda que parece estar cogida con alfileres. Recordar que este procedimiento ya fue archivado el pasado mes de septiembre, siendo la Audiencia Provincial gracias a un recurso del Partido Popular la que ordenara la reapertura en enero para atender las diligencias propuestas por los populares, fundamentalmente recoger el testiminio de acusados y periodistas. En este punto el concejal José Blas Fernández recurrió el pasado mes de abril a convocar una rueda de prensa en la que llegó a lanzar amenazas veladas a los periodistas asistentes y anunciar medidas judiciales contra todo aquel que había declarado en contra de sus intereses, medidas de las que hasta el día de hoy nada se sabe. Pero ni la inhibición de la Fiscalía va a detener a los populares de su empeño de sacar provecho político de este asunto.
“El empeño fanático del PP es lo que lleva a juicio las declaraciones sobre el Caso Loreto”
El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz ha señalado que “solo el empeño fanático y el rencor del PP, incluso en contra de las tesis de las Fiscalía,” son lo que lleva las declaraciones del alcalde, José María González, del ex concejal, Manuel González Bauza, y del jefe de Gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia, sobre la gestión política del corte de agua en Loreto en octubre de 2014 a juicio. Los responsables municipales lamentan haberse “enterado una vez más por la prensa de la decisión de la jueza” y agradecen que se vaya a realizar de juicio oral para “poder demostrar la verdad, que no es otra que no hubo ataque al honor y sí una pésima y carísima para la ciudad, gestión política del incidente”.
La apertura del juicio oral era inevitable pese al pronunciamiento contrario de la Fiscalía (que no ve indicio de delito en las declaraciones realizadas en la presentación del informe sobre la investigación de lo ocurrido) toda vez que hay dos acusaciones particulares, ambas representando a concejales del PP. “Pese a que la Fiscalía, que es quien representa la legitimidad pública, ha repetido por segunda ocasión que no ve delito en esas declaraciones, el PP antepone su empeño fanático y la judicialización de la vida política como su única arma de oposición a toda lógica procesal y política”, insisten estas fuentes municipales.
La decisión judicial, de la que, curiosamente, el propio PP ha sido portavoz y anunciado en público antes de que todas las partes fueran informadas, de apertura de juicio oral ha sido bien recibida por el Equipo de Gobierno gaditano, ya que “va a permitir que se siga hablando de la pésima gestión política de aquel incidente que afectó a 14.000 personas y nos va a permitir, en el juicio, demostrar la verdad y que quede claro la responsabilidad política y legal de la nefasta gestión llevaron a cabo los entonces responsables municipales”.
En esta línea, desde los responsables municipales se añade que “agradecemos ir a juicio y porque allí prevalecerá la verdad: que no hubo ataque al honor y sí una pésima, y carísima para la ciudad gestión política”. Por todo ello, el Equipo de Gobierno se muestra “tranquilo porque la propia Fiscalía en dos ocasiones ya ha dicho que no hay indicio de delito en esas declaraciones”.
«Cádiz no merece un alcalde procesado»
El Grupo Municipal del Partido Popular ha lamentado que ni González Santos ni los otros dos encausados hayan aprovechado las oportunidades que le ofrecía el acto de conciliación para rectificar, disculparse y retirar las calumnias e injurias que vertieron el 7 de marzo de 2016 ante los vecinos de Loreto y los medios de comunicación en el edificio Ma’arifa, donde –tal y como reflejaron todos los medios de manera inequívoca- acusaron al anterior Equipo de Gobierno de contaminar a sabiendas a los 13.000 vecinos del barrio de Loreto durante 14 días.
“Cádiz no merece tener un alcalde procesado, y si lo tiene al día de hoy es porque González Santos se reiteró en sus calumnias e injurias en las que imputaba un delito execrable que solo a personas miserables se les puede ocurrir; suministrar agua contaminada a sabiendas de que se hacía a 13 mil personas durante 14 días. Lo dijimos el primer día que le escuchamos y lo decimos ahora que por fin responderá ante el juez de sus delitos: nos acusaron de una monstruosidad, de algo deleznable, y eso jamás puede considerarse crítica política” han indicado desde el Grupo Municipal Popular.
Las mismas fuentes señalaron que “tal y como anunciamos en su momento, vamos a dar todos los pasos necesarios, con tranquilidad pero con toda contundencia, para que el honor del Equipo de Gobierno que presidió Teófila Martínez, que trabajó y luchó por esta ciudad de manera honesta e incansable, no tenga la menor mancha, y mucho menos por alguien que ahora mismo es el primer alcalde de Cádiz procesado de la democracia”.
El Grupo Popular concluyó lamentando que el alcalde, su partido y el partido que cogobierna la ciudad “se hayan llevado dos días intentando manipular a la opinión pública hablando de archivo del caso y lanzando, de nuevo, un reguero de mentiras y acusaciones, tal y como viene siendo, desgraciadamente, la costumbre de quienes gobiernan esta ciudad”.