Las delegadas de Desarrollo Educativo y Justicia inauguran en Los Barrios unas jornadas dirigidas a profesionales de los centros de internamiento e institutos de enseñanza, profesorado y técnicos
La delegada territorial de Desarrollo Educativo y FP, Isabel Paredes, y la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, Ana Bertón, han inaugurado esta mañana en Los Barrios las jornadas provinciales ‘Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI): Atención educativa a menores sujetos a medidas judiciales’.
La finalidad de esta actividad organizada por la Junta de Andalucía es dar a conocer a los profesionales de los centros educativos receptores de alumnado de centros CIMI en qué consisten sus funciones, cómo se escolariza al alumnado y cuál es la coordinación que debe existir entre los profesionales de ambos ámbitos.
De este modo, profesionales de ambas consejerías se reúnen para abordar aspectos técnicos acerca de la organización y funcionamiento de estos centros. Se trata de unas jornadas formativas y de transferencia de buenas prácticas, como foro de debate y de reflexión conjunta con los agentes que intervienen en el proceso educativo de este alumnado.
Ambas delegadas territoriales han valorado el trabajo conjunto para ir de la mano y garantizar el derecho fundamental a la educación de todos los menores, con independencia de su situación jurídico-penal, y su bienestar, a través del intercambio de información y experiencias entre profesionales de ambas consejerías, destinada a la mejora cualitativa y a la adecuación de los recursos en esta materia, desde un ámbito multidisciplinar.
Desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y FP, Isabel Paredes ha indicado que estas jornadas “son un referente, porque es de suma importancia la labor que realizan los educadores y los responsables del desarrollo integral de jóvenes que se encuentran bajo medida judicial. La tarea de brindar una educación de calidad y equitativa a todos los estudiantes, independientemente de su situación legal o social, es un compromiso fundamental de nuestro sistema educativo”.
Asimismo, desde la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Ana Bertón ha subrayado la necesidad de “profundizar en esta materia y ahondar en la coordinación en cuanto a la atención educativa a estos menores, para que no vean alterado su itinerario formativo y reincorporar a quienes se habían alejado de éste”.
Trabajo conjunto
Los convenios y acuerdos suscritos entre ambas consejerías son el pilar de un trabajo conjunto que proporciona la base legal y operativa necesaria para ofrecer una atención especializada a un colectivo que enfrenta desafíos únicos. Ambos departamentos competentes en Justicia y Educación tienen un acuerdo de colaboración firmado con el objetivo de mejorar la atención educativa a las personas que cumplen medidas judiciales impuestas por juzgados de menores.
Contenidos y objetivos
Entre otros contenidos, estas jornadas impulsadas por el Centro del Profesorado Algeciras-La Línea, junto a la Delegación Territorial de Justicia, abordan aspectos relativos al sistema de justicia juvenil en Andalucía, con las medidas y recursos disponibles, el perfil de los destinatarios de estas medidas, el protocolo de matriculación de menores y la coordinación de actuaciones para la adaptación e itinerarios formativos, así como el funcionamiento de los CIMI, la intervención educativa y la educación emocional.
En este contexto se contempla garantizar un seguimiento educativo personalizado a menores infractores mientas cumplen medidas judiciales, adaptándose a las circunstancias personales, familiares y sociales.
De este modo, estas jornadas se conciben como un espacio de aprendizaje, intercambio de experiencias y generación de ideas innovadoras que contribuyan a mejorar la atención educativa y el desarrollo integral de los jóvenes en situación de internamiento.
Entre los objetivos de este punto de encuentro figura una visión del marco legal y administrativo de las medidas judiciales de los menores infractores, la profundización en la condición de vulnerabilidad asociada a los menores, conocer las relaciones de coordinación del CIMI con la administración educativa, poner de relieve las buenas prácticas y propiciar la reflexión y el debate, entre otras cuestiones.