El secretario general del PP de Cádiz y parlamentario andaluz, Antonio Saldaña ha anunciado que “el PP de Cádiz trasladará al Parlamento andaluz una propuesta en relación a las ayudas al alquiler para personas en situación de vulnerabilidad o con ingresos limitados que son merecedoras de estas ayudas y que tienen la amenaza del desahucio al no haberlas recibido aún”.
Saldaña ha exigido a la Junta de Andalucía que pague la deuda pendiente que tiene en ayudas de alquiler para familias vulnerables y con ingresos mínimos que aún tiene pendiente de pago en las convocatorias de 2016 y 2017 y cuyos afectados en la provincia ascienden a 2.500.
Igualmente, ha criticado que “la convocatoria de 2015 se resolvió casi 18 meses más tarde y, a día de hoy aún no se ha resuelto y pagado las ayudas de 2016 y, por tanto, tampoco las de 2017, a pesar de que el Gobierno de España ya ha transferido el importe necesario para el pago”.
Tal y como ha recordado Saldaña, “estas ayudas se encuentran incluidas dentro del Plan Estatal de Vivienda del Gobierno de España pero desde la Junta de Andalucía, durante estos tres últimos años, ha convocado esas ayudas pero no las ha pagado”.
La propuesta del PP de Cádiz reclama a la Junta de Andalucía que “como administración que gestiona esos fondos que vienen del Gobierno de España, haga la gestión de manera diligente y que, por ley, esas ayudas sean convocadas, resueltas y pagadas en el primer trimestre del año en curso porque, si no, no tendrán un efecto positivo”.
Asimismo, el parlamentario andaluz considera que “si alguien tiene problemas para el pago del alquiler y la ayuda, a la que tiene derecho no le llega hasta dos años más tarde, pues el efecto, lógicamente, no es el deseado”.
Saldaña ha recordado que “el Gobierno de España ha aportado en 2015, 2016 y 2017 un total de 45 millones de euros, 15 millones por año, de los que 8 millones son destinados a la provincia de Cádiz para esas ayudas al alquiler a esas personas y familias en situación de vulnerabilidad e ingresos limitados, mientras que la Junta no los ha completado con nada, algo a lo que nos tiene acostumbrado como pasa con la rehabilitación de viviendas e instalación de ascensores”.
Igualmente, el parlamentario andaluz ha hecho mención a un informe del defensor del pueblo fechado a 13 de octubre de 2017 donde urge a la Junta de Andalucía al pago de las ayudas de 2016.
Por todo ello, Saldaña ha valorado la “política social” que hace el Gobierno de España al instaurar estas ayudas dentro del Plan de Vivienda, a la vez que “no entendemos la dejadez de la Junta para resolverlas”.